Francisco Neri: Ley de Tierras Urbanas cierra el círculo contra la propiedad privada
- Declaratoria de Bienes Culturales limita ejercicio de los atributos de la propiedad y adopta la figura del “corralito” vivido por los argentinos, dijo Irma Lovera de Sola.
La Ley de Tierras Urbanas viene a cerrar el círculo perverso contra la propiedad privada convirtiéndose en la culminación del proceso iniciado en Julio del 2008, señaló Francisco Neri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), durante el foro que evaluó las consecuencias que para el sector y la sociedad tienen la Ley de Tierras Urbanas y la declaratoria de Bienes Culturales aplicada en Caracas, en proceso de ser extendido al resto del país. En ella se ven reflejadas las normativas anteriores, inconstitucionales, además de arbitrarias, para la toma de terrenos, y medios de producción en contravención a la Constitución, y esta situación creada nos afecta a todos por igual, puntualizó.
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-El sector vivienda será el más afectado porque es muy fácil declarar una tierra sin uso pero nadie sabe lo que cuesta sacar un permiso para construir, tarda casi 4 años y después que lo tienes es que puedes ir al banco a solicitar financiamiento y ese proceso también se demora. Entonces yo creo que aquí se está engañando a las personas diciéndoles que hay que ocupar la tierra; ¿para qué, cómo, o con cuánto dinero se va a contar para poder desarrollarlas?
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No es fácil proyectar y construir. Se programaron 200 mil viviendas y nada más hay 130 mil aprobadas, y si queremos llegar a las 200 mil, las faltantes se pueden tardar entre 3 o 4 años. Habría que atacar otros aspectos, ser proactivos en la promulgación de leyes que puedan disminuir la permisología. Así es como podremos disminuir el déficit habitacional, porque no hay seguridad jurídica para trabajar. Este año vamos a cerrar con una reducción del 40% en lo que se venía produciendo, lo que también ocasionará una tremenda baja en los puestos de trabajo que genera el sector.
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Afirmó Neri que en el primer semestre se terminaron 50 mil viviendas, el 80% producidas por el sector privado, y en este segundo semestre los resultados serán de apenas 10 mil, mientras la demanda sigue creciendo. Con la eliminación del IPC se ha reducido en un 40% y su consiguiente descenso en el empleo. Las obras no se han paralizado pero si se ha reducido el número de proyectos. Tenemos que llegar a acuerdos para lograr reactivar el sector y eso sería de gran interés, tanto para el municipio en la recaudación de más impuestos, como para el promotor en su rol de producir y entregar viviendas más rápido.
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Dinorah Moreno, presidenta de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana (CIM), expuso que la Ley de Tierras Urbanas crea falsas esperanzas de que vamos a ver resuelto el problema habitacional. Va a incrementar la crisis de vivienda porque estas normativas crean incertidumbre y no van a incentivar a los promotores a generar nuevos desarrollos. Va a permitir al gobierno eliminar las viviendas que considere en alto riesgo sin ningún tipo de plan para ver de que manera se pueden sustituir, y las personas que viven en esos sectores serán las más afectadas. Además están estimulando la anarquía con invasiones y ocupaciones, y vulnera las facultades de planificación de las instancias locales, municipales o estadales.
En su exposición el abogado Juan Raffalli indicó que la Ley debió ser consultada porque presenta muchas lagunas y muchísimas confusiones. De hecho el Estado tiene una amplísima facultar para determinar que bienes están afectados, y cuales no, a través de un procedimiento muy expedito en el cual las partes tienen sólo 10 días para alegar y probar que esa tierra urbana no está deteriorada, no está en ruinas, o no está en condiciones de uso. El Estado tiene el derecho de preferencia y puede dictaminar una ocupación previa.
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Raffalli mencionó las tierras objeto de la nueva Ley: las tierras urbanas sin uso dotadas de servicios públicos, tierras edificadas pero deterioradas, en ruinas o con fallas estructurales, todas las zonas de alto riesgo, y cualquier otra que el ejecutivo determine. Están incluidos estacionamientos, galpones, solares, cualquier lote de terreno que el Estado considere adecuado para el uso que le quiere dar, que no siempre serán viviendas. También hay previstos proyectos de arborización, recreativos y deportivos.
La Ley afecta enormemente a la propiedad incluyendo las zonas de alto riesgo donde están los asentamientos más populares, las viviendas más inestables, que por supuesto es plausible ir substituyéndolas, pero la gente que vive en esas casas se va a ver amenazada de ser ocupada previamente en cualquier momento y eso es bueno que se sepa, señaló el jurista.
-La legislación aprobada es violatoria de la Constitución, por cuanto el Presidente de la República cambió cuatro artículos después de haber sido aprobada por la Asamblea Nacional y se saltó el paso de enviarla de nuevo a la AN para que el Parlamento hiciera los cambios y no el Ejecutivo, puntualizó el abogado Roberto Orta Martínez, vicepresidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur). Lo que más
preocupa es el referido a que una comunidad organizada puede ocupar un terreno para evitar la invasión, sin determinar que tipo de grupo u organización tendrá esa competencia.
“Corralito” Cultural
La Dra. Irma Lovera de Sola se refirió a la declaratoria de Bienes Culturales, ejercida por el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC) en Providencia Administrativa. Significa una severa limitación en el ejercicio de los atributos de la propiedad como son el uso, disfrute y disposición. Al ser declarado bien de interés cultural el inmueble no se va a poder demoler o transformar, y para venderlo hay que notificar al IPC, pero ese instituto tiene la potestad de responder a la solicitud o guardarla en una gaveta. Es el equivalente al corralito financiero que existió en Argentina cuando la gente no podía disponer de su dinero depositado en los bancos. Bueno, este es un corralito cultural.
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Añadió que la Ley de Defensa del Patrimonio Cultural no prevé ningún tipo de compensaciones, pero se podría tramitar a través de los municipios o del propio IPC alguna forma de compensación, por lo menos para el mantenimiento y restauración de esos inmuebles. El Art. 19 de la Ley establece la preferencia del Estado en los casos de remate judicial de inmuebles, y el Art. 42 señala que si el propietario no logra demostrar fehacientemente la propiedad del inmueble éste pasa sin compensación alguna a custodia del Estado; se queda sin el inmueble y sin el dinero.
El Foro organizado por la CIV y la CIM contó con el patrocinio de la franquicia inmobiliaria Century 21, El Universal, tus metros.com, tu inmueble.com, y de la Sociedad de Ingeniería de Tasación (Soitave). La representante de esta última institución, Arq. María Emilia Pereira, se refirió al valor del patrimonio cultural vs. Valor económico patrimonial.
La urbanista Zulma Bolívar, presidenta del Instituto Metropolitano de Urbanismo, hizo una cerrada defensa a la ciudad y a la calidad de vida de sus habitantes. No se necesitan tantas normas y leyes, sino gestionar la ciudad en forma óptima
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Prensa CIV
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